Términos y condiciones

1. Quién presta el servicio

El sitio FinivoAI lo opera FinivoAI. Al usar el sitio aceptas estos términos.

2. Qué es el servicio

FinivoAI es una herramienta de información que compara los montos de un finiquito con lo que resulta de aplicar las reglas del Código del Trabajo de Chile a los datos que el usuario ingresa. Entrega dos resultados:

• Diagnóstico gratuito: la diferencia total estimada a favor del trabajador y en cuántos ítems del finiquito está repartida.
• Informe completo (de pago): el detalle ítem por ítem con lo que corresponde, lo ofrecido y la diferencia; el fundamento legal de cada ítem; el cálculo de la base y de la antigüedad; los plazos aplicables; el texto de reserva de derechos; y las advertencias del caso. Descargable en PDF.

3. Qué no es el servicio

Esto es la parte que conviene leer con atención.

• No es asesoría legal ni patrocinio judicial. El informe no constituye una opinión jurídica sobre tu caso ni crea una relación abogado-cliente. Contratar representación, si corresponde, se acuerda por separado y nunca está incluido en el precio del informe.
• No garantizamos ningún resultado ni monto. El informe no es una promesa de pago, ni una tasación, ni una predicción de lo que recibirás. Lo que efectivamente se pague depende de una negociación, de un acuerdo o de una sentencia, no de nuestro cálculo.
• No representamos ante la Inspección del Trabajo ni ante tribunales por el solo hecho de que compres el informe.
• No somos un organismo público. No reemplazamos a la Dirección del Trabajo, a la Inspección del Trabajo, a los tribunales laborales ni a la Corporación de Asistencia Judicial.
• No fiscalizamos ni sancionamos a tu empleador.

4. El resultado depende de los datos que ingreses

El cálculo es determinista: aplica reglas fijas a los datos que recibe. Eso significa que su exactitud depende por completo de que esos datos sean correctos y completos. Tú eres responsable de revisar y confirmar los datos extraídos de tus documentos antes de calcular; el sistema te los muestra en un formulario editable precisamente para eso.

Hay además materias en que la ley admite más de una lectura y los tribunales resuelven caso a caso —por ejemplo, si la colación y la movilización forman parte de la base de cálculo del art. 172—. Cuando eso ocurre, el informe lo señala como discutible en vez de entregar una sola cifra. Un ítem marcado así no es un error del informe: es una advertencia de que ahí hay un criterio en disputa.

Los montos de recargos del art. 168 y de nulidad del despido del art. 162 se presentan siempre como montos potenciales, porque requieren una declaración judicial que no podemos anticipar.

5. Precio y pago

El diagnóstico es gratuito. El informe completo cuesta $8.900 IVA incluido, en un pago único por caso. El precio informado es el total final que pagas, con el impuesto incluido, como exige el art. 30 de la Ley 19.496.

Para efectos tributarios, ese total se compone de un valor neto más IVA a la tasa del 19%, y así aparecerá en el documento tributario correspondiente.

No hay suscripción, ni cobros recurrentes, ni honorarios calculados como porcentaje de lo que recuperes. Si en el futuro cambiamos el precio, regirá el que esté publicado al momento de tu compra.

6. Derecho a retracto y devoluciones

El informe es un contenido digital que se entrega de inmediato y por completo al confirmarse el pago. Por eso, una vez que lo visualizas o lo descargas, no procede el retracto del art. 3 bis de la Ley 19.496, que está previsto para situaciones distintas.

Eso no te deja sin garantía: si el informe tiene un error de cálculo, o no corresponde a los datos que ingresaste, o no llegaste a recibirlo, escríbenos y lo corregimos o te devolvemos lo pagado. El diagnóstico gratuito existe justamente para que sepas qué vas a recibir antes de pagar.

7. Tu responsabilidad al usar el sitio

• Ingresar datos reales y subir documentos propios o de una persona que te autorizó a hacerlo.
• No usar el servicio para obtener información sobre terceros sin su consentimiento.
• No intentar vulnerar el sitio, extraer datos de forma automatizada, ni sobrecargar sus servicios.
• Decidir por ti mismo qué hacer con el informe, y buscar asesoría legal cuando la decisión lo amerite.

8. Límite de responsabilidad

El servicio se entrega tal como se describe en estos términos. Dentro de lo que permite la ley chilena, nuestra responsabilidad por el uso del sitio y del informe se limita al monto efectivamente pagado por el informe de que se trate.

No respondemos por decisiones que tomes a partir del informe, por resultados de negociaciones o juicios, ni por plazos que venzan sin que hayas actuado. Los plazos los informamos como referencia calculada; su control es tuyo, y una duda sobre un plazo se consulta con un abogado o en la Inspección del Trabajo.

Nada de esta cláusula limita los derechos que la Ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores te reconoce de forma irrenunciable.

9. Propiedad intelectual

El sitio, el motor de cálculo y el formato del informe son nuestros. El informe que compras es para tu uso personal y puedes presentarlo a tu abogado, a tu ex empleador, a la Inspección del Trabajo o a un tribunal. No puedes revenderlo ni ofrecer el servicio a terceros como si fuera propio.

Los documentos que subes y los datos de tu caso siguen siendo tuyos. No adquirimos derechos sobre ellos.

10. Disponibilidad y cambios

Procuramos que el sitio esté disponible, pero puede haber interrupciones por mantención o por fallas de terceros. Podemos modificar o discontinuar funcionalidades; si cambiamos estos términos, publicaremos la versión nueva en esta página con su fecha. Los cambios no afectan informes ya comprados.

11. Tus datos personales

Cómo tratamos tus datos está en la política de privacidad, que forma parte de estos términos. En resumen: los documentos que subes no se guardan, el cálculo corre en tu dispositivo y los datos que sí almacenamos están en servidores ubicados en Brasil.

12. Ley aplicable y reclamos

Estos términos se rigen por la ley chilena. Cualquier controversia se somete a los tribunales competentes de Chile, sin perjuicio de que puedas reclamar ante el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) o ante la Agencia de Protección de Datos Personales según corresponda.

Antes de eso, escríbenos: casi todo se resuelve respondiendo un correo.